J. Osiris Mota. 5 de diciembre de 2010.
La democracia que conocemos, se fundamenta en la división de los poderes y de su justificación en la existencia de las mismas en procura de una sociedad con capacidad de desarrollarse en paz ofreciendo oportunidades a todos los ciudadanos. Y muy bien seria, que así lo perciba la sociedad.
Esto demanda equilibrio y respecto entre todos al jugar el papel asignado a cada quien, sin pretender suplantar ni dejarse, las responsabilidades de cada poder, como lo que aconteció en la elección de la cámara de cuenta. Por lo menos, es lo que se percibe.
El poder legislativo hace y modifica las leyes que deberán regular la vida democrática y no solo debería empeñarse en que sean consecuente con las necesidades presente y futura, también de que las mismas se apliquen para ganar la razón lógica de su existencia y del sacrificio de los contribuyentes que pagamos sus ingresos, los cuales distan mucho, del salario promedio.
Resulta un ejercicio inútil que se estén haciendo leyes para que no se apliquen o se violen, lo que hace mucho daño a su imagen, mas que la propia ausencia, ya que consiste un irrespeto a la institucionalidad misma, en detrimento del fortalecimiento democrático, y la vida en equilibrio tan necesario para la paz y el progreso.
El legislativo debe satisfacerse en lograr que sus esfuerzos sirvan a la vida democrática, porque de lo contrario su existencia seria un estorbo y un costo que la sociedad pasaría aborrecer y desdeñar, hasta perder la importancia que tiene la institución democrática.
Tengo en mis manos dos importantes leyes. La 87 -01 sobre la seguridad social, la cual ya tiene varios años de vigencia, solo hasta donde su accionar no afecte los sectores de poder que intervienen, con un costo social y económico que afecta la familia dominicana, la que exhorto a los congresistas la necesidad de adecuarla para que nuestros ciudadanos cuenten con un instrumento de seguridad, que le devuelva la tranquilidad de vivir y desarrollarse hasta la muerte.
El diseño de esta ley fue concebida sobre la base de los centros de atención primaria, y el desmonte de la burocracia estatal del IDSS y del ministerio de salud y asistencia social, la que no puede ser eficiente con un financiamiento tan pobre y un costo tan elevado de las atenciones y medicamentos, donde aun mas de la mitad de la población no está protegida y la otra lo está con muchas limitaciones, teniendo que verse obligado a tener una cobertura complementaria para elevar un poco la calidad y las coberturas de sus planes familiares de salud.
También tengo en mis manos, otra ley que fue aprobada en diciembre del 2007, la cual dudo conozca el 50% de los legisladores y menos que le importe su aplicación correcta como la de Seguridad Social, sin importar los objetivos para los cuales fue promulgada.
Ley general de defensa de la competencia No. 42-08, que de acuerdo a sus considerando, va a garantizar un derecho constitucional de proteger a los consumidores a través de regular la competencia libre y leal procurando productos y servicios a precio razonable y calidad ante los tratados del DR Cafta, etc.
Su primer artículo establece como objeto: La presente ley tiene por objeto, con carácter de orden público, promover y defender la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica en los mercados de bienes y servicios, a fin de generar beneficio y valor a favor de los consumidores y usuarios de estos bienes y servicios en el territorio nacional.
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