GOBERNAR PARA EL BIENESTAR DE TODOS.
“A los gobiernos del compañero Leonel les tocó crear riquezas, muchas riquezas; a partir de 2012, cuando sea presidente, me tocara a mi avanzar, crear bienestar”.
Danilo Medina (noviembre 2010).
La economía de la Republica Dominicana, desde 1970, ha crecido del 5% promedio anual, lo que ha duplicado el PIB per cápita en esos 40 años (US$ 8,217 PPP) y elevado el PIB hasta US$ 47 mil millones. Uno de los mayores crecimientos del continente. Sin embargo, el coeficiente de desigualdad de Gini (0.516), los niveles de pobreza de alrededor del 41% y pobreza extrema entre 15 y 20 % , y el desempleo (14%), se han mantenido relativamente estables, el Índice de Desarrollo Humano apenas ha mejorado, y alrededor del 56% de la población empleada se ubica en la informalidad.
El modelo económico que permitió reestructurar la inserción internacional de la Republica Dominicana se ha agotado. Las principales evidencias de este agotamiento son: a) Crecimiento sin generación de empleos dignos. b) Enormes desigualdades y escaso desarrollo humano. c) Baja competitividad sistémica e innovación de las empresas y negocios.
El reto que enfrenta la sociedad dominicana no es ya el de perfeccionar el modelo de desarrollo, sino de transformarlo en profundidad. Para esto requerirá del liderazgo político que propicie un nuevo pacto social y fiscal que haga posible superar las barreras estructurales y los desafíos que limitan nuestro desarrollo económico y social.
Al próximo gobierno del PLD encabezado por Danilo Medina le corresponderá corregir las deformaciones de nuestro modelo de desarrollo para avanzar hacia la prosperidad de los negocios y el bienestar de las familias dominicanas.
- Renovar la confianza, credibilidad y efectividad en la gestión pública.
- Reducir la exclusión social y baja calidad de vida.
- Desafío demográfico y urbanístico. Grandes centros urbanos, jóvenes, envejecientes y migración.
- Mayor integración de las mujeres al empleo y reducción de desigualdades.
- Elevar competitividad sistémica.
- Mayor justicia fiscal.
Para avanzar, necesitamos comprometernos en un pacto social de Convivencia Democrática por un nuevo modelo de desarrollo que asegure la producción de riquezas y de bienestar para todos(as), basado en una visión común del país, a mediano plazo, articulada con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, y que se exprese en las prioridades de los Planes Plurianuales correspondientes al próximo gobierno.
Trabajaremos para que este Pacto sea suscrito por las organizaciones políticas, del gobierno y de la oposición, y por diversos sectores sociales y empresariales, para asegurar la sostenibilidad de los compromisos, más allá del periodo gubernamental, y fortalecer las interacciones entre los partidos y la ciudadanía.
Ese pacto que propondremos tiene tres grandes objetivos y un cronograma para alcanzarlos:
- Elevar los ingresos de las familias dominicanas.
- Políticas públicas que ofrezcan la oportunidad para que todos (no unos cuantos) negocios y empresas tengan la oportunidad de prosperar.
- Devolver a los dominicanos y dominicanas el gusto y el orgullo de vivir en su país.
El próximo gobierno tiene la responsabilidad de continuar desarrollando la producción de riquezas y al mismo tiempo asegurar el mayor bienestar para la población.
La clave del éxito será lograr una adecuada articulación entre las políticas sociales, las políticas económicas y las políticas de institucionalidad pública. Concentrarnos en los puntos esenciales del cambio que generen reacciones en cadena de procesos de cambio sistémico, hacia un nuevo modelo de desarrollo.
Cinco grandes compromisos centrales servirán de motores alrededor de las cuales impulsaremos las iniciativas conjuntas del Estado, del sector productivo y de la ciudadanía.
Transparencia y honestidad en la gestión pública a todos los niveles. Austeridad, eficiencia y calidad. Desconcentración, descentralización y participación social. Dignificación del servicio público. Revalorización de la práctica política y social. Fortalecimiento y respeto a la institucionalidad pública.
Mejorar la calidad de la democracia y avanzar hacia un servicio público con calidad. Efectiva implementación de la Ley de Función Pública .Promoción de una Ley Orgánica de Administración Pública. Fortalecer y garantizar el Estado de Derecho .Cumplimiento de las Leyes de Libre Acceso a la Información Pública y de Compras y Contrataciones de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones .Promoción de una cultura de rendición de cuentas y fiscalización social .Mayor efectividad en la prevención y sanción de la corrupción. Fortalecer la participación ciudadana en los espacios de gestión pública .Propiciar el mejoramiento de la calidad del sistema político mediante el perfeccionamiento del marco legal de los partidos y de la acción política y electoral. Afianzar los procesos de Descentralización del Estado dominicano y el fortalecimiento del desarrollo Municipal y Local.
Priorizaremos la seguridad ciudadana en el país mediante el abordaje integral , promoviendo reformas institucionales en los órganos para enfrentar la criminalidad y la delincuencia ; al mismo tiempo, se crearán mayores oportunidades de estudio y trabajo para los más jóvenes y los sectores socialmente, se promoverán ambientes residenciales dignos y seguros, y la participación activa de la ciudadanía.
Avanzar firmemente hacia la eliminación de la exclusión y la vulnerabilidad social, las inequidades de género, promover el ascenso social, reducir a mínimos la pobreza extrema y ampliar la clase media mediante la reducción de la pobreza y el desarrollo de oportunidades. Los mínimos de calidad de vida, bienes públicos, que el Estado y la sociedad se comprometen a garantizar a todo(a) ciudadano(a) dominicano(a) para el 2016 y para el 2030, en los siguientes campos:
- Trabajo digno. Fortalecer la generación de empleos en el sector formal productivo. Apoyo a la economía social y solidaria urbana y rural y emprendimientos asociativos. Microcréditos, apoyo y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Capacitación para el trabajo y créditos para el emprendimiento de los jóvenes.
- Asentamientos humanos dignos. Accesibilidad de créditos, alianza público privada para financiamiento, construcción y reparación de asentamientos humanos y viviendas accesibles a la clase media. Vivienda social digna y participación social como responsabilidad directa del Estado.
- Educación de calidad. Derecho de todos(as) a educación con calidad, para formar ciudadanos(as) libres, críticos y creativos, solidarios y que valoran la vida comunitaria y la participación, la democracia, la justicia y los valores de nuestra sociedad, aptos para el trabajo productivo, el servicio comunitario, que combinan la formación humanista, científica y tecnológica, con el disfrute y protección del ambiente y nuestro acervo cultural.
Compromiso con la ejecución del Plan Decenal 2008 -2018, ampliación gradual a 8 horas y cumplimiento de la jornada y calendario escolar, ambiente escolar adecuado, seguridad alimentaria y protección de salud garantizadas para población escolar, mejoramiento de las competencias profesionales y condiciones laborales de los maestros. Programa intensivo de captación y capacitación de personal joven y con potencialidades para la docencia y la administración educativa. Captación de profesionales de otros campos. Mejoramiento del sistema de reclutamiento y selección , evaluación del desempeño , capacitación y certificación de los docentes.
Actualización y modernización del MINERD a todos sus niveles de gestión, participación y control social. Incremento progresivo de la inversión pública en educación inicial, básica y media hasta el 4.1% del PIB en el 2016.
Educación universitaria: Promoción de la calidad, la investigación y la innovación científica técnica y humanista.
- Salud y Seguro Familiar de Salud como derechos para todos y todas.
Seguro Familiar de Salud para todas las familias. Ampliación de la protección social de las poblaciones más vulnerables. Regularización de los copagos.
Prioridad a la Red de Servicios Públicos, compromiso con la cobertura universal y calidad. Eliminación de las cuotas de recuperación (cobros) por d servicios profesionales. Redes de Atención Primaria Integral con cobertura universal, modelo familiar y comunitario y mejor capacidad resolutiva. Redes de servicios tecnológicos de diagnóstico y tratamiento, Red Nacional de Emergencias en Salud, Participación Social y Comunitaria, cogestión y corresponsabilidad. Cruzada Nacional por la Calidad en Salud. Carrera sanitaria. Fortalecimiento de la Rectoría pública, conducción estratégica, capacidad de regulación y control.
Un propósito estratégico será el incremento de la capacidad de compra y de producción de la población, mediante la ampliación, fortalecimiento y defensa de las clases medias a través de la generación de empleos y de la promoción de la economía social y solidaria, y el desarrollo de servicios públicos básicos de calidad. El incremento de la capacidad de compra de la población desencadenará procesos energizantes de creación y ampliación del aparato productivo de bienes y de servicios, y al mismo tiempo hará posible incrementar la inversión social en cantidad y calidad, para construir ciudadanía.
Áreas económicas claves a fortalecer y desarrollar:
Avanzaremos hacia la meta de 10 millones de turistas por año, y asumiendo el papel de locomotora impulsora del desarrollo del conjunto de la economía, mediante su articulación con el sector productivo industrial y agropecuario nacional. Estrategia de Marca País, diversificación de la oferta turística, ordenamiento territorial, participación de las municipalidades, promoción de la oferta cultural local, capacitación del personal, seguridad pública y promoción de MIPYMES turísticas y clusters.
Información, tecnología y crédito como ejes de una estrategia de fortalecimiento de la producción. Oficializaremos e implementaremos una Estrategia de Competitividad del Sector Rural Dominicano. Plan de Desarrollo Pecuario en sus diversos sectores. Desarrollaremos un mayor encadenamiento con el sector turismo e industrial. Mejoraremos las capacidades logísticas para la exportación. Programa de Marketing de los productos agroindustriales con potencial exportador. Promoción y fortalecimiento de “negocios inclusivos” y las asociaciones de pequeños y medianos productores, así como de los procesos de comercio justo interno e internacional que promuevan la diversidad de cultivos, preservación del medio ambiente y calidad de vida de los trabajadores. Apoyaremos a los clusters de agronegocios y articulación de la producción social y solidaria con la empresarial privada. Crearemos instrumentos financieros ágiles que garanticen las necesidades del sector, como los fondos de garantía, el seguro agropecuario y la disponibilidad de recursos públicos. Y, por supuesto, democratizaremos el acceso a estos instrumentos.
El fortalecimiento de las MIPYMES será una estrategia clave para el desarrollo del aparato productivo, aumento de la competitividad sistémica, generación de empleos y reducción de la pobreza mediante la expansión de las clases medias. Algunas políticas claves serán:
La formación y capacitación en gestión, tanto para los emprendimientos asociativos como para los empresariales privados. Información y acceso a tecnología adecuada a las necesidades y oportunidades del sector. Democratización del acceso a crédito en condiciones adecuadas. El estímulo a la formalización de los emprendimientos y protección social de los trabajadores, mediante políticas específicas que consideren su vulnerabilidad y reduzcan el impacto económico negativo.
La industria dominicana requiere una estrategia de competitividad enfocada a elevar la capacidad productiva de las empresas y sectores que la conforman, para poder insertarse de manera competitiva y sostenible en el mercado internacional, con innovación y productos de alto valor agregado. El propósito es aumentar la competitividad, la producción de bienes, y la generación de empleos.
Políticas claves serán: Superación de las barreras de competitividad sistémica, con un enfoque integral: financiamiento, energía, capacitación de los trabajadores, innovación, transporte y infraestructura para la exportación. Fortalecimiento de la asociatividad empresarial y encadenamientos efectivos entre el turismo, las industrias, y la agropecuaria. Promoción del aseguramiento y gestión de la calidad. Promoción de exportaciones. Promoción del consumo responsable nacional. Mejorar el ambiente de negocios, sus marcos legales, procedimientos burocráticos, transparencia y confiabilidad. Promoción de captación de inversiones internacionales responsables y de calidad. Articulación con centros académicos, de investigación e innovación.
El sub-sector eléctrico constituye un eje transversal a todos los sectores; su comportamiento repercute directamente sobre el desempeño de cada uno de ellos. Este plan debe contemplar, entre otras cosas:
Concentrar esfuerzos en incrementar sustancialmente la producción de energía eléctrica y diversificar sus fuentes. Fortalecer los instrumentos jurídicos e institucionales que permitan mejorar el cobro de la energía servida, disminuir las pérdidas no técnicas y combatir el fraude. Fortalecer la capacidad normativa y la autonomía de la Superintendencia de Electricidad ante productores y distribuidores. Profundización de la reforma del sector eléctrico, con enfoque de mediano y largo plazo. En lo posible, desapoderar la CDEE de algunos de los contratos, transfiriéndolos a las empresas distribuidoras. Renegociar los contratos del Acuerdo de Madrid. El plan de desarrollo consensuado para un periodo no menor de diez (10) años y hacerse con la participación decidida del sector privado, donde no se comprometa el Estado ni con garantías, ni con contratos, pero si en la creación del ambiente favorable para que las inversiones se realicen y velando por el cumplimiento de las normativas y fortaleciendo su capacidad reguladora. Reducción progresiva del subsidio, manejándolo en forma selectiva y desarrollar un proyecto de comunicación y dialogo con la población. Profundizar la campaña contra el fraude eléctrico y comprometer a las comunidades en la lucha contra este flagelo.
El desarrollo y protección de la economía social y solidaria, urbana y rural, será asumido como una importante prioridad como política de Estado, conformando un sector de la economía, con reglas propias, que se articule sinérgicamente con los otros sectores. Se desarrollarán incentivos que propicien la asociatividad de las microempresas, fomenten la incorporación de las mujeres y núcleos familiares, y progresivamente se avance hacia la superación de la informalidad económica y vulnerabilidad social que afecta al menos al 56% de la población.
Entre las Políticas específicas para el fortalecimiento de la productividad y competitividad de los pequeños y medianos productores agropecuarios mediante el acceso a crédito, asesoría técnica y mercadeo, promover la conformación de cooperativas y otras asociaciones, estimular la producción orgánica, sostenible y con calidad, y desarrollar el “comercio justo” interno e internacional, así como procedimientos de “factoring” para reducir la morosidad de pagos. Desarrollar los marcos legales (Ley de Economía Social y Solidaria), institucionales y de políticas específicos y necesarios para promover y fortalecer la economía social y solidaria, urbana y rural. Estímulos fiscales, acceso a crédito según su nivel y otras acciones específicas que estimulen la formalización. Apoyo técnico y promoción de diversas formas asociativas que propicien la productividad y al mismo tiempo la ampliación, calidad y dignidad de los puestos de trabajo y la solidaridad.
El pacto fiscal debe incluir metas y compromisos claros del Estado y la ciudadanía que permitan más recursos para el desarrollo humano y sostenible, para la inversión social y económica de calidad que nos proyecte hacia una economía en mayor escala y menos vulnerable, mediante la reducción de la evasión, incumplimiento y la elusión de compromisos laborales, y mayor justicia fiscal. Como contrapartida deberá asegurarse más transparencia y efectividad en la gestión pública, Inversión social y económica de mayor calidad y asignada a prioridades consensuadas y garantizadas, y propiciar la fiscalización, monitoreo y evaluación social.
- Política exterior inteligente.
Necesitamos avanzar hacia una “diplomacia inteligente”, mediante la aplicación intensiva de la información y el conocimiento (“inteligencia”), para la planificación y práctica de la política exterior, basada en la planificación estratégica, para reducir incertidumbres y perseguir resultados, que no solo busca el reconocimiento y la participación internacional, sino el mayor beneficio económico, político y cultural. Una diplomacia articulada con los planes nacionales de desarrollo y sus objetivos estratégicos.
Nos proponemos tres metas principales: a) Consolidación de los logros alcanzados por los gobiernos del PLD y el Presidente Leonel Fernández en política exterior. b) Institucionalización de la Cancillería y del servicio exterior para hacer más eficiente y estable nuestra estructura internacional. c) Convertir la competitividad en el eje central de nuestra meta de política exterior de manera que extraigamos el máximo provecho de nuestras relaciones, de nuestro comercio y de los acuerdos de integración, así como de los acuerdos solidarios y de complementación.
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